Denuncia de irregularidades en subasta de propiedad en Asunción

Un caso de irregularidades procesales ha salido a la luz respecto a la subasta de un inmueble ubicado en el barrio La Encarnación de Asunción. Las herederas del fallecido propietario denuncian que la venta pública del bien se realizaría de manera fraudulenta, con graves anomalías en el procedimiento judicial.

Según la denuncia presentada, la tasación fiscal del inmueble estaría significativamente por debajo de su valor real de mercado. Mientras que el bien sería avaluado en aproximadamente 1.200 millones de guaraníes, la orden judicial de remate establece un precio inicial de solo 208 millones de guaraníes, basándose en una tasación que las herederas consideran arbitraria e injusta.

Las afectadas reclaman que no fueron debidamente notificadas sobre el proceso de subasta, lo que constituiría una violación de sus derechos procesales. Además, denuncian presuntas manipulaciones del sistema informático judicial, alegando que el expediente digital fue manejado de manera clandestina y que documentos clave fueron ocultados del sistema sin dejar registro visible.

Acciones legales iniciadas

Ante estas irregularidades, se ha presentado una denuncia por prevaricato contra la autoridad judicial responsable de la orden de remate. Los abogados de las herederas argumentan que existen arbitrariedades procesales graves que afectan los derechos de las partes interesadas.

El caso también involucra otros dos inmuebles que serían subastados bajo las mismas condiciones cuestionadas. Las herederas sostienen que la diferencia entre el valor real del bien y el precio de salida en el remate representa un perjuicio económico significativo para sus intereses legítimos como sucesoras del propietario original.

Este caso pone en evidencia la importancia de garantizar transparencia y debido proceso en los procedimientos judiciales relacionados con bienes inmuebles, especialmente cuando existen disputas entre acreedores y herederos. Las autoridades competentes deberán evaluar las pruebas presentadas y determinar si efectivamente hubo manipulación del sistema o violaciones procesales que invaliden el procedimiento de subasta.