Diciembre define si caso de transferencias irregulares va a juicio oral

La audiencia preliminar que definirá si una causa vinculada a transferencias irregulares de bienes avanza a juicio oral y público fue reprogramada para el 14 de diciembre. La jueza penal contra el Crimen Organizado argumentó sobrecarga laboral para postergar la diligencia en la que se resolverá el destino procesal del caso.

La investigación involucra a varios imputados acusados de presuntos hechos de lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos falsificados. Los hechos se vinculan a una supuesta transferencia irregular de propiedades que habría buscado evitar su eventual comiso en el marco de investigaciones por narcotráfico y asociación criminal.

Transferencias de inmuebles y vehículos

Según la acusación fiscal, se transfirieron cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y ocho vehículos mediante la presunta alteración de datos registrales. Estas operaciones habrían permitido evadir medidas cautelares dictadas previamente e impedir que los bienes fueran incorporados a la nómina de decomiso especial del Estado.

La investigación atribuye responsabilidad a dos escribanas que confeccionaron las escrituras de transferencia. La Fiscalía sostiene que habrían dejado constancias falsas sobre determinados hechos en los documentos, actuando a solicitud de quien habría iniciado estas operaciones.

Responsabilidad del profesional del derecho

Un abogado también está implicado en el caso. Según la acusación, recibió mediante transferencia cuatro inmuebles como pago de honorarios profesionales. La Fiscalía considera que habría actuado con conocimiento de que la otra parte estaba inhibida y, por tanto, impedida legalmente de transferir sus propiedades.

Para el Ministerio Público, estas operaciones representan un esquema coordinado de ocultamiento de bienes que buscaba frustrar el poder confiscatorio del Estado. La resolución del 14 de diciembre será determinante para establecer si existen elementos suficientes para llevar el caso a debate oral y público ante un tribunal de sentencia.