Paraguay requiere tarifa energética sostenible para atraer inversiones

Paraguay enfrenta un momento crucial en su política energética. El país dispone de un importante remanente de capacidad de generación que podría potenciar proyectos privados de desarrollo, pero requiere de condiciones regulatorias claras para convertir esta ventaja en crecimiento económico sostenido.

En una reciente reunión de la Mesa Energética del Consejo Asesor Empresarial, actores del sector público y privado analizaron los desafíos para construir una política regulatoria energética que sea confiable, competitiva y diversificada. El consenso fue unánime: sin planificación de largo plazo, infraestructura adecuada y reglas claras, la ventaja energética no se traducirá en desarrollo real.

Desafíos de la transición energética

Las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) enfatizaron que Paraguay está transitando un cambio histórico. El país pasa de contar con un amplio excedente energético a enfrentar una demanda creciente de nuevos proyectos que se aproxima rápidamente a la capacidad disponible. Esta realidad obliga a planificar con anticipación.

Desde la estatal se presentaron estudios técnicos sobre la evolución de la demanda, incluyendo el impacto temporal de actividades como la criptominería. Los análisis también abordaron la necesidad de garantizar tarifas que permitan sostener futuras inversiones y la incorporación gradual de generación privada.

Modernización y regulación independiente

Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en la modernización del sector eléctrico, fortalecer la planificación energética y promover un organismo regulador independiente que genere previsibilidad para las inversiones. Sin embargo, se reconoce la importancia de mantener el rol estratégico de la Ande en el sistema.

El principal desafío identificado consiste en construir una visión compartida del futuro energético, basada en el diálogo constructivo entre el Estado, el sector privado y la comunidad técnica. Solo mediante este consenso será posible establecer una tarifa que garantice la sostenibilidad de las inversiones futuras y el crecimiento industrial del país.