En una audiencia que ha captado la atención del sector inmobiliario y judicial paraguayo, una mujer de 103 años prestó declaración detallando cómo fue víctima de un esquema de estafa relacionado con la adquisición de un departamento. Su testimonio revela prácticas irregulares que afectaron a múltiples personas en operaciones inmobiliarias.
La declarante explicó que, tras finalizar su primer contrato en 2015, buscó continuar con los pagos para obtener la propiedad que deseaba regalar a su hija. Según su relato, cuando consultó sobre la posibilidad de renovar el acuerdo, recibió respuesta afirmativa de una funcionaria de la empresa inmobiliaria.
Sin embargo, el proceso de formalización del nuevo contrato resultó sospechoso. Acudió a una oficina ubicada en una avenida céntrica donde fue recibida por un empleado. Después de esperar entre 15 y 20 minutos, le informaron que la persona responsable no estaba disponible y que le entregarían el documento en su domicilio. Este procedimiento irregular fue el preludio de lo que posteriormente se revelaría como un acto fraudulento.
La víctima invirtió más de 20 millones de guaraníes en este plan de vivienda sin recibir la contraprestación acordada. A pesar del daño económico sufrido, enfrentó obstáculos para acceder a la justicia. Según su testimonio, varias personas le desaconsejaron iniciar acciones legales, argumentando el poder económico y político de los implicados en el caso.
El tribunal, reconociendo las dificultades auditivas de la declarante, adaptó el procedimiento para garantizar que su testimonio fuera correctamente registrado. Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer mecanismos de protección para adultos mayores en transacciones inmobiliarias y la necesidad de mayor transparencia en los procesos de contratación de vivienda en Paraguay.
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