La Municipalidad de Asunción inició una investigación exhaustiva tras identificar 26 propiedades que habrían sido adjudicadas mediante procedimientos irregulares. Según informes de la administración municipal, existiría un esquema organizado que facilitó la transferencia de terrenos municipales a particulares, afectando el patrimonio público y los derechos de ocupantes.
La intendencia anunció la implementación de acciones legales, auditorías administrativas y sumarios para esclarecer los hechos y recuperar los inmuebles comprometidos. La investigación reveló un patrón preocupante en los procedimientos de adjudicación que comprometería la transparencia en la gestión de bienes municipales.
Procedimiento irregular detectado
Los investigadores identificaron un modus operandi que iniciaba con notificaciones a ocupantes de terrenos municipales por supuestas deudas de arrendamiento. En varios casos, se les otorgaba plazos extremadamente cortos, incluso de 24 horas, para desalojar las propiedades.
Posteriormente, nuevos solicitantes presentaban trámites para obtener la adjudicación de esos mismos inmuebles. Los expedientes circulaban por diferentes áreas municipales, incluyendo Catastro, Secretaría General y Asuntos Jurídicos, acumulando informes y resoluciones que aparentaban legitimidad.
Controles insuficientes
La administración municipal detectó que en estos procedimientos se habrían omitido controles fundamentales para verificar la identidad de los beneficiarios y confirmar la ocupación efectiva de las propiedades. Además, se encontraron escrituras que no incluían la restricción legal que impedía vender o transferir inmuebles durante cinco años posteriores a su adjudicación.
Esta omisión habría facilitado transferencias posteriores a terceros, permitiendo que algunas propiedades cambiaran de manos múltiples veces. De las 26 propiedades bajo investigación, tres ya fueron identificadas como objeto de transferencias presuntamente irregulares.
Participación de escribana
Los registros examinados muestran la intervención recurrente de una escribana en la mayoría de los trámites cuestionados. La municipalidad solicitó informes específicos para esclarecer su participación en estas operaciones.
La administración remitirá toda la documentación al Ministerio Público para que determine responsabilidades penales. Internamente, se instruirán sumarios administrativos contra funcionarios cuya participación en las irregularidades sea comprobada.
La municipalidad reafirmó su compromiso con la recuperación del patrimonio público y la implementación de medidas correctivas para evitar futuros incidentes de esta naturaleza.





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