Un caso de presunta estafa que afecta a colonos menonitas de Río Verde, San Pedro, enfrenta nuevas dilaciones procesales. La defensa del acusado ha presentado recursos legales que retrasan la realización de pericias técnicas consideradas clave para avanzar en la investigación.
El funcionario de la Cámara de Diputados William Bogarín está procesado por estafa agravada y falsificación de documentos públicos. Según la acusación, participó en un esquema fraudulento que habría defraudado a colonos menonitas por la suma de USD 1.600.000, bajo la promesa de facilitar la adquisición de 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco.
Obstáculos en el procedimiento
La estrategia defensiva ha presentado un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la orden del juez Vicente Coronel, que autorizaba la extracción de datos del dispositivo móvil del acusado. Esta diligencia estaba a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, organismo que debería informar sus hallazgos al Juzgado de Garantías.
Debido a esta presentación, el procedimiento debe ser destraba primero en el Tribunal de Apelación antes de que pueda ejecutarse la pericia técnica. Los expertos esperan que el análisis del teléfono celular proporcione información fundamental sobre la participación de los acusados y posibles cómplices.
Próximas etapas del proceso
El magistrado Vicente Coronel fijó la audiencia preliminar para el 21 de agosto a las 08:45. En esta instancia se determinará si los procesados serán elevados a juicio oral y público.
Junto a Bogarín, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic, ambos sindicados de participar en la maniobra defraudatoria. La causa representa una investigación compleja que involucra documentación falsa y operaciones financieras irregulares destinadas a estafar a productores agrícolas vulnerables.
El caso refleja la importancia de fortalecer los mecanismos de protección en transacciones inmobiliarias y operaciones de tierras en zonas como el Chaco, donde la adquisición de grandes extensiones territoriales requiere mayor supervisión y verificación de legitimidad.
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