La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) recibió de la Fiscalía una vivienda ubicada en San Bernardino, que será puesta en alquiler mediante un proceso de adjudicación al mejor postor. Según informó la titular de la institución, el inmueble fue entregado tras un procedimiento de allanamiento realizado recientemente.
La propiedad se encuentra completamente equipada con mobiliario, electrodomésticos, sistemas de sonido y elementos decorativos. Los dormitorios y baños cuentan con instalaciones completas, mientras que el patio dispone de sillones y equipamiento adicional. La funcionaria destacó que no se evidenciaron señales de vaciamiento de bienes en la vivienda.
Proceso de tasación y publicación
Senabico ya inició el inventario detallado de todos los bienes encontrados en la propiedad. Una vez concluido este trabajo administrativo, procederá con la tasación del inmueble para establecer un valor base que será utilizado en la convocatoria pública. Se estima que la oferta de alquiler será publicada en las redes sociales oficiales de la institución durante la próxima semana.
La adjudicación se realizará mediante un sistema de propuestas económicas, donde resultará ganador quien presente la oferta más alta. Este procedimiento garantiza transparencia en el proceso y permite que interesados del mercado inmobiliario participen en igualdad de condiciones.
Hallazgos en la inspección
Durante el allanamiento, los funcionarios identificaron una habitación que había sido acondicionada como espacio de seguridad, equipada únicamente con dos extractores de aire. No se encontraron objetos adicionales en este ambiente, según lo informado por la titular de Senabico.
La institución aclaró que por el momento solo recibió esta propiedad para su administración en el marco de este procedimiento. Otra vivienda relacionada, ubicada en un barrio diferente, no fue entregada a Senabico, quedando bajo decisión del Ministerio Público según el avance de las investigaciones.
Este tipo de procesos permite que bienes incautados vuelvan a circular en el mercado inmobiliario, generando recursos para el Estado mientras se mantiene transparencia en la gestión administrativa.





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