Un colectivo de personas afectadas por esquemas de fraude financiero que impactaron el sector inmobiliario convocó a una concentración de protesta para visibilizar los perjuicios que continúan enfrentando. Los afectados denuncian que cientos de ciudadanos en todo Paraguay sufren embargos compulsivos, desalojos y pérdida de propiedades basados en procedimientos que califican como fraudulentos.
Según los denunciantes, el problema se ha agravado significativamente, afectando no solo ingresos salariales sino también patrimonio inmobiliario. Campesinos, emprendedores y pequeños empresarios han perdido tierras, viviendas y locales comerciales mediante subastas ejecutadas en lo que describen como procesos judiciales opacos y sin garantías de transparencia.
Impacto en el mercado de propiedades
La situación ha generado preocupación en el sector inmobiliario paraguayo, donde se registran desalojos y ejecuciones de garantías hipotecarias vinculadas a estos esquemas. Las víctimas señalan que existen deudas duplicadas, inexistentes o manipuladas que sirven como fundamento para la pérdida de bienes raíces.
Demandas de reforma judicial
Los organizadores exigen la nulidad de actuaciones que consideran viciadas, la suspensión inmediata de embargos sobre propiedades, y la creación de un tribunal especializado para revisar estos casos. También reclaman al Congreso Nacional que avance en procedimientos de responsabilidad política contra autoridades judiciales.
La falta de respuestas institucionales ha generado frustración entre los afectados, quienes denuncian inoperancia en los niveles superiores del poder judicial y advierten sobre la ausencia de medidas preventivas que frenen nuevas ejecuciones de bienes inmuebles. El problema representa un desafío para la seguridad jurídica en transacciones inmobiliarias y afecta la confianza en los procesos de garantía hipotecaria.
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