Gobierno impulsa seguridad jurídica para consolidar inversión extranjera

El Poder Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de fortalecer la seguridad jurídica del país como pilar fundamental para consolidar el crecimiento económico y las inversiones extranjeras que han posicionado a Paraguay como destino atractivo en la región.

Durante la inauguración de nuevas instalaciones del Poder Judicial, se enfatizó la necesidad de que los tres poderes del Estado trabajen de manera coordinada para mejorar el entorno legal y regulatorio que demandan tanto el sector empresarial como la sociedad civil.

Avances en seguridad de derechos de propiedad

Un hito importante en esta dirección ha sido la implementación del certificado catastral registral inmobiliario digital a través del Registro Unificado Nacional. Este instrumento representa el resultado de décadas de trabajo conjunto entre diferentes instituciones públicas enfocadas en garantizar mayor certeza sobre los derechos de propiedad inmueble.

La medida responde a una demanda histórica del sector inmobiliario y de inversores, que requieren claridad y seguridad en los trámites relacionados con registros de propiedades y transacciones inmobiliarias.

Proyecciones de inversión para 2026

Las autoridades proyectan que el 2026 superará los récords de inversión extranjera directa alcanzados durante el período anterior. Se han anunciado inversiones directas que superarían los mil millones de dólares estadounidenses, derivadas de gestiones realizadas tanto en foros internacionales como en encuentros con grupos de inversores interesados en desarrollar proyectos en el país.

Asociaciones empresariales como la de Empresarios Cristianos, el Centro de Importadores del Paraguay y otras organizaciones del sector privado han solicitado formalmente el fortalecimiento de la seguridad jurídica como condición necesaria para expandir sus operaciones.

Reforma institucional coordinada

Los funcionarios subrayan que los resultados en materia de seguridad jurídica solo son posibles cuando existe coordinación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, respetando los ámbitos de competencia de cada poder. Esta estructura institucional es fundamental para que Paraguay mantenga su posición competitiva en el atractivo de inversiones regionales y globales.