Gobierno y sector vial coordinan agilización de pago de intereses

El sector de la construcción vial avanza en la resolución de una problemática que afecta significativamente la liquidez de las empresas contratistas. Representantes de la Cámara Vial Paraguaya se reunieron con funcionarios de instituciones públicas clave para coordinar mecanismos que agilicen el procesamiento de intereses moratorios derivados de certificados de obra.

En el encuentro participaron delegados de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas, además de la Cámara Paraguaya de la Construcción. El objetivo central fue revisar y simplificar los procedimientos administrativos que deben cumplir las empresas al presentar solicitudes de pago, reduciendo observaciones que generan demoras en los trámites.

Sistema de gestión centralizado

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas cuenta con un mecanismo establecido para gestionar estas solicitudes a través del Sistema de Información de Contrataciones y Ejecución de Obras (SICOE), plataforma que centraliza la información de proyectos y pagos.

Este avance se produce tras la promulgación de la Ley 7699/2026, normativa que autorizó formalmente el pago de intereses sobre certificados de obra y la emisión de títulos de deuda pública. Desde agosto, el ministerio habilitó la recepción de solicitudes de pago de intereses moratorios dirigidas a proveedores, contratistas y empresas fiscalizadoras.

Magnitud de la deuda acumulada

Según datos manejados por el sector empresarial vial, la deuda acumulada por el Estado en concepto de obras ejecutadas ronda los USD 220 millones. A esta cifra se suma el impacto de los intereses moratorios generados, que alcanzan aproximadamente USD 100 millones adicionales.

Esta situación ha motivado reclamos sostenidos desde comienzos de año por parte de las empresas constructoras, quienes señalan que la falta de pago afecta su capacidad operativa y financiera. La coordinación entre autoridades públicas y el sector privado representa un paso significativo hacia la normalización de estos pagos pendientes.