Fiscales especializados presentaron imputación formal contra un juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado por presunto lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Según la acusación, el magistrado habría autorizado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares activas y expectativa de decomiso en una investigación relacionada con tráfico de drogas.
Hechos que motivaron la imputación
De acuerdo con los registros fiscales, en agosto de 2023 la autoridad competente en materia de bienes decomisados informó al juez sobre la existencia de medidas cautelares vigentes sobre las propiedades. A pesar de esta notificación formal, el magistrado dispuso la continuidad del proceso de subasta.
Reportes posteriores emitidos en octubre y noviembre de 2023 por la Dirección General de los Registros Públicos, solicitados por el propio juez, confirmaron nuevamente la vigencia de una prohibición de innovar dictada por autoridad penal competente. Sin embargo, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023, siendo adjudicados los inmuebles a una empresa comercial.
Resoluciones posteriores
El 28 de noviembre del mismo año, el juez aprobó formalmente la subasta y ordenó el registro preventivo de las propiedades a favor de la empresa adjudicataria. No obstante, la Dirección General de los Registros Públicos emitió posteriormente una nota rechazando la inscripción, argumentando que las medidas cautelares se encontraban vigentes según los antecedentes del proceso penal.
Próximos pasos procesales
Los fiscales solicitaron al tribunal penal competente que comunique el pedido de desafuero del magistrado imputado para que pueda ser sometido a proceso penal. Asimismo, requirieron un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación, lo que permitirá determinar la responsabilidad penal del funcionario judicial en cuestión.
Comentarios 0
Iniciá sesión con Google para comentar
Ingresar con GoogleSé el primero en comentar esta noticia.