Paraguay avanza en la consolidación de su infraestructura institucional inmobiliaria con la transferencia formal del Registro Unificado Nacional (RUN) hacia la Corte Suprema de Justicia. Este traspaso representa un hito significativo en la reorganización administrativa que busca centralizar toda la información catastral y registral del país en una única plataforma digital.
La formalización del proceso contó con la participación de autoridades de alto nivel, incluyendo al ministro de Economía y Finanzas, quien enfatizó que el nuevo sistema trasciende la mera gestión pública. Según los funcionarios involucrados, el RUN tendrá un impacto directo en la confianza de ciudadanos e inversores, generando mayor predictibilidad en las operaciones inmobiliarias y demostrando los avances de la reforma institucional nacional.
Objetivos del nuevo sistema
El Registro Unificado Nacional fue creado mediante legislación específica y tiene como propósitos fundamentales: agilizar los procedimientos administrativos relacionados con propiedades, mejorar la actualización continua de información catastral, y reducir significativamente los plazos asociados a trámites de dominio y transferencias inmobiliarias.
La integración de registros catastrales y de dominio en una plataforma unificada representa un cambio paradigmático en la forma en que se gestiona la información sobre bienes inmuebles en el país. Las autoridades sostienen que esta modernización contribuirá directamente a fortalecer la seguridad jurídica, ordenar el mercado inmobiliario y crear condiciones más favorables para el desarrollo económico nacional.
Impacto esperado en el mercado
La implementación del RUN se enmarca en un proceso más amplio de reforma institucional iniciado a principios de año, cuando las competencias catastrales fueron incorporadas al Poder Judicial. Esta reorganización busca optimizar la administración pública y generar mayor eficiencia en los procesos que afectan directamente al sector inmobiliario.
Con el nuevo sistema operativo, se espera reducir tiempos de gestión, minimizar errores administrativos y proporcionar mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias. Para inversores y ciudadanos, esto significa mayor certeza jurídica y procesos más expeditos al momento de realizar operaciones con propiedades.




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