Capaco rechaza factoraje y propone bonos para deuda estatal

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) mantiene su posición crítica respecto al mecanismo de factoraje promovido por el Ejecutivo para atender la deuda acumulada con el sector constructor. Según voceros del gremio, esta herramienta no representa una solución viable para las empresas constructoras ni para el sistema financiero nacional.

Raúl López, miembro del directorio de Capaco, explicó que las condiciones financieras actuales del factoraje convierten la operación en un financiamiento comercial que recae nuevamente sobre las constructoras, sin generar la liquidez real que requieren. El principal inconveniente radica en que el Estado propone cancelar las obligaciones en un plazo aproximado de tres años, lo que incrementa significativamente los costos financieros para las empresas constructoras.

Magnitud de la deuda pendiente

Según los datos presentados por el gremio, la deuda acumulada del Estado con el sector vialero alcanza los USD 360 millones. De este monto, aproximadamente USD 250 millones corresponden a certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, mientras que USD 110 millones adicionales representan intereses generados por los atrasos en las cancelaciones.

Problemas del mecanismo de factoraje

El esquema de cesión de créditos obliga a las constructoras a resignar una parte importante del valor de sus certificados para acceder a liquidez inmediata. Los descuentos aplicados por las entidades financieras reducen considerablemente los ingresos que deberían percibir las empresas por trabajos ya ejecutados. Además, existe un factor de riesgo adicional: si el Estado no cumple con el cronograma previsto, las empresas quedan expuestas frente a los bancos, trasladando la responsabilidad de la deuda estatal hacia el sector privado.

Alternativa propuesta: emisión de bonos

Capaco plantea avanzar en mecanismos alternativos, destacando la emisión de bonos especiales como herramienta para reconocer y cancelar las obligaciones pendientes sin trasladar costos adicionales a las constructoras. Esta propuesta deberá ser analizada conjuntamente por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para su viabilidad e implementación.