El sector de la construcción vial en Paraguay enfrenta una situación crítica por la acumulación de deudas estatales pendientes de pago. Empresas constructoras especializadas en infraestructura vial reportan retrasos significativos en el cobro de certificados de obra, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad financiera de continuar con los trabajos.
Según referentes del gremio constructor, la situación se ha agravado en los últimos meses. Empresas con múltiples proyectos en ejecución cuentan con certificados sin cobrar que rondan los cinco documentos pendientes por obra. Esta acumulación de deuda afecta directamente la capacidad de las constructoras para mantener la continuidad laboral y cumplir con sus obligaciones financieras con proveedores y personal.
Impacto en proyectos estratégicos
Uno de los proyectos más afectados es la mejora de la avenida Avelino Martínez en el departamento Central, una vía de importancia crítica que conecta la zona de 3 Bocas con el centro de San Lorenzo. Los trabajos en esta arteria vial emplean actualmente alrededor de 250 obreros, evidenciando la magnitud del impacto laboral que genera cualquier paralización.
Magnitud de la deuda
Según informes del sector, la deuda acumulada del Estado con las vialeras alcanzó en su momento aproximadamente USD 300 millones. Aunque se logró reducir este monto a la mitad mediante negociaciones previas, en el tiempo reciente ha vuelto a elevarse significativamente.
Los constructores enfatizan que la industria opera con márgenes muy competitivos, lo que limita su capacidad de absorber los costos financieros derivados de los atrasos en el cobro. Además, existe indefinición respecto al pago de intereses sobre los certificados vencidos, un factor que complica aún más las proyecciones financieras de las empresas.
Gestiones pendientes
Representantes del gremio han solicitado reuniones con autoridades de gobierno para abordar la crisis de pagos. Se han planteado encuentros con funcionarios de alto nivel para definir un cronograma de desembolsos que permita honrar los compromisos estatales y garantizar la continuidad de obras esenciales para la infraestructura nacional.
La situación refleja la necesidad urgente de implementar mecanismos más eficientes en la gestión de pagos a contratistas de obras públicas, de modo que se evite la acumulación de deudas que afecta tanto a las empresas constructoras como al desarrollo de proyectos viales estratégicos para el país.



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