La industria de la construcción paraguaya atraviesa un período crítico de incertidumbre financiera, con una deuda estatal que compromete la viabilidad operativa de las empresas constructoras y amenaza la continuidad de proyectos de infraestructura pública.
Según representantes del sector, el Estado mantiene una deuda aproximada de US$ 180 millones en concepto de capital, más otros US$ 100 millones en intereses no pagados a las constructoras. Esta situación ha generado una cascada de dificultades financieras que afecta directamente la liquidez de las empresas y su capacidad para mantener operativas las obras en ejecución.
Impacto inmediato en la caja de las constructoras
Cuando los certificados de obra no se cancelan en los plazos establecidos, las constructoras deben continuar financiando con recursos propios los salarios de trabajadores, pagos a proveedores, subcontratistas y costos operativos de los frentes de trabajo. Este escenario obliga a muchas empresas a tomar decisiones restrictivas como reducir frentes activos, postergar compras de materiales o modificar cronogramas de ejecución.
Para constructoras con múltiples certificados pendientes y márgenes de crédito limitados, la situación se vuelve crítica. Cada mes de atraso implica financiar con capital propio trabajos ya ejecutados, acumulando intereses bancarios y erosionando la capacidad financiera para sostener contratos vigentes o participar en nuevas licitaciones.
Presión sobre la nueva administración del MOPC
La nueva administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones enfrenta el desafío inmediato de recuperar el ritmo de ejecución presupuestaria. Los dirigentes gremiales han enfatizado la necesidad de concentrar los mayores pagos posibles durante noviembre y diciembre para evitar que la deuda se traslade al presupuesto del próximo ejercicio fiscal.
El sector ha planteado que, aunque durante algunos meses anteriores se registraron ingresos importantes, los atrasos volvieron a incrementarse recientemente, comprometiendo nuevamente la situación financiera de las empresas. La acumulación de obligaciones estatales no resuelta genera un efecto multiplicador que impacta toda la cadena de valor de la construcción.
Riesgo de paralizaciones
Si los desembolsos continúan demorándose, existe riesgo real de paralizaciones de obras públicas y posibles quiebras empresariales, lo que tendría consecuencias negativas para la economía nacional y la generación de empleo en el sector construcción.



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