La conclusión de la gestión anterior en el Ministerio de Economía y Finanzas dejó un legado de obligaciones estatales pendientes que afectan significativamente al sector inmobiliario y de construcción nacional.
El sector de la construcción es uno de los más impactados por estas deudas acumuladas. Las obligaciones del Estado con empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones superan los G. 1,2 billones, equivalentes a aproximadamente USD 202,9 millones. Según reportes especializados en seguimiento de deuda pública, esta cifra refleja el atraso en pagos por obras de infraestructura ejecutadas.
Composición de la deuda en construcción
Del total adeudado a constructoras, el 58,8 % corresponde a financiamiento local, mientras que el 41,2 % proviene de fuentes externas. Esta distribución evidencia que la mayoría de los compromisos incumplidos se concentra en proyectos financiados con recursos nacionales, lo que genera presión adicional en las empresas del sector.
Más allá de la construcción, el Estado mantiene deudas significativas con otros sectores. La industria farmacéutica reporta acreencias por USD 860 millones, mientras que el sector sanitario acumula obligaciones de G. 7,5 billones, equivalente a USD 1.279,9 millones al cierre de septiembre.
Prioridades del nuevo gobierno
La administración actual ha establecido como ejes principales para la asignación presupuestaria 2027 la provisión de medicamentos e insumos médicos, el financiamiento educativo y la ejecución de obras de infraestructura. Esta orientación busca atender sectores que acumulan compromisos pendientes y necesidades estructurales.
Respecto a reformas institucionales, la anterior gestión impulsó cambios en la Caja Fiscal que fueron aprobados legislativamente en febrero. Aunque la propuesta no eliminaba completamente el desequilibrio financiero, buscaba reducirlo a un déficit del 0,5 % del PIB en cinco años. Sin embargo, el resultado fiscal de 2025 cerró con un déficit del 2 % del PIB, superando las proyecciones iniciales del 1,9 %.
Estas deudas heredadas representan un desafío importante para la recuperación del sector construcción y la confianza de proveedores y contratistas en los compromisos estatales.


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