El Ministerio Público avanzó en el proceso judicial contra Jorge Mercado Méndez, presentando acusación formal y solicitando su elevación a juicio oral y público. La causa se vincula con la ocupación ilegal de propiedades rurales pertenecientes a Agroganadera Pindó S.A. en el departamento de Canindeyú.
Según los antecedentes del caso, Mercado Méndez fue identificado como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo. La acusación lo responsabiliza por los delitos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego. El agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray, presentó formalmente los cargos.
Estructura organizada en el asentamiento
Los informes policiales incorporados a la investigación revelan que la ocupación no se limitó a una presencia desorganizada. Según los reportes, existía una estructura jerárquica dentro del asentamiento, con dirigentes identificados, grupos de vigilancia, sistemas de comunicación y mecanismos de control de accesos. Un relevamiento realizado el 29 de septiembre de 2025 documentó aproximadamente 450 viviendas dentro de los asentamientos.
Antecedentes del caso
La historia de esta ocupación se remonta a denuncias previas formuladas por Agroganadera Pindó S.A. Aunque se realizaron procedimientos de expulsión en 2013, posteriormente se produjo el reingreso de ocupantes y la consolidación de asentamientos permanentes dentro de las fincas.
Mercado Méndez ya había sido imputado en 2021 y declarado rebelde, disponiéndose su captura. Finalmente, fue detenido el 11 de febrero de 2026 por personal de Inteligencia de la Policía Nacional en el distrito de Laurel. Durante el procedimiento se incautó una pistola marca Canik, calibre 9 x 19 mm, con cargador y dieciséis cartuchos, elementos sometidos a estudios técnicos de Criminalística.
Participación de la víctima
Agroganadera Pindó S.A., en su condición de víctima, presentó formalmente su acusación a través de querella adhesiva, adhiriéndose a la pretensión de llevar al acusado ante un Tribunal de Sentencia. La empresa sostiene que los elementos reunidos durante la investigación permiten someter a debate oral la participación atribuida al acusado en la ocupación organizada de los inmuebles y su presunto rol dirigencial dentro de la estructura delictiva.




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