El Instituto de Previsión Social confirmó la existencia de una deuda de 126 mil millones de guaraníes proveniente del banco Atlas, derivada de un contrato de fideicomiso que ha generado cuestionamientos significativos en el sector. La operación, que data del año 2017, comprometió más de 828 mil millones de guaraníes destinados a la construcción y terminación de establecimientos de salud de importancia estratégica para la institución previsional.
El acuerdo entre ambas entidades fue presentado inicialmente como un mecanismo para financiar infraestructura sanitaria mediante una administración transparente y controlada de recursos. Sin embargo, casi una década después de su firma, las obras no se han concretado en su totalidad, dejando pendientes obligaciones por aproximadamente 126 mil millones de guaraníes. De este monto, unos 98 mil millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y 28 mil millones al Hospital Buongermini.
La investigación del Ministerio Público se centra en presuntos daños patrimoniales derivados del manejo de fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores. Recientemente, el banco Atlas realizó la devolución de más de 800 millones de guaraníes a la previsional en concepto de intereses no acreditados, reconociendo irregularidades en la administración de los fondos fiduciarios.
Entre los aspectos más controvertidos del contrato figura la incorporación de una cláusula denominada "Punto 5: Otros centros de salud", que según auditorías posteriores habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Este mecanismo de modificación habría facilitado que fondos destinados a hospitales específicos fueran redirigidos sin la debida justificación.
El contrato establecía que el banco actuara como fiduciario, administrando los recursos para ejecutar pagos vinculados a las obras. La estructura del fideicomiso buscaba garantizar transparencia y eficiencia en la gestión del dinero. No obstante, los cuestionamientos posteriores y auditorías han señalado presuntas irregularidades que comprometen la integridad de la operación y generan dudas sobre el destino final de los fondos comprometidos.
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