Una antigua normativa que marcó un hito en la gestión de recursos para Asunción vuelve a ser tema de discusión en el debate público sobre desarrollo urbano. Se trata de la Ley de Capitalidad, una iniciativa que logró convertir obligaciones financieras del Estado en inversiones concretas para la ciudad.
La propuesta nació de una experiencia comparativa con ciudades europeas que cuentan con legislaciones especiales por su condición de capitales nacionales. Durante el período legislativo 2003-2008, bajo la administración de Nicanor Duarte Frutos, esta norma fue presentada y aprobada, aunque enfrentó resistencia inicial debido a consideraciones regionalistas en el Congreso.
Resultados tangibles en infraestructura
El mecanismo permitía a la Municipalidad de Asunción cobrar deudas acumuladas por instituciones estatales y destinar exclusivamente esos recursos a obras de infraestructura urbana. Los resultados fueron visibles: intervención de la avenida Santa Teresa, reparación de la avenida España, mejoras en el barrio Republicano y recuperación de la calle Pozo Favorito, que previamente presentaba condiciones precarias.
El fundamento de la ley reconocía que Asunción, como sede de los poderes públicos, cumple funciones que trascienden las obligaciones de una municipalidad ordinaria. Recibe diariamente ciudadanos de todo el país, concentra dependencias estatales y requiere un trato especial del Estado nacional.
La derogación y sus consecuencias
Años después, la normativa fue derogada sin que se implementara un mecanismo alternativo que la reemplazara. Esto significó la pérdida de una herramienta efectiva para financiar proyectos urbanos con recursos que ya existían como deudas pendientes.
Actualmente, se plantea la necesidad de recuperar y actualizar esta legislación. Los argumentos se centran en que el cobro de obligaciones estatales no representa un gasto extraordinario, sino el cumplimiento de compromisos preexistentes que podrían destinarse a infraestructura, limpieza y mejoramiento urbano.
La experiencia de la Ley de Capitalidad demuestra que existen mecanismos legales capaces de generar impacto visible en la ciudad sin requerir presupuestos adicionales, simplemente optimizando el cumplimiento de obligaciones financieras ya existentes.
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