04/07/2026
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ARP y RUN articulan estrategia para mejorar seguridad jurídica rural

La Asociación Rural del Paraguay coordina con el Registro Unificado Nacional para fortalecer la seguridad jurídica en operaciones inmobiliarias del sector productivo y agilizar trámites de propiedad rural.

La Asociación Rural del Paraguay estableció una alianza estratégica con el Registro Unificado Nacional para potenciar la seguridad jurídica en operaciones inmobiliarias del sector agropecuario. El acuerdo busca optimizar los procesos administrativos relacionados con la propiedad rural y facilitar transacciones comerciales en el mercado de tierras.

El encuentro, realizado en las instalaciones del RUN, reunió a líderes del sector rural con representantes de la institución registral. Esta coordinación se produce en un momento crucial, considerando que el RUN inició operaciones en enero de 2026 tras la implementación de la Ley N.º 7.424/2025, que unificó las funciones de Catastro, Registros Públicos, Mensura y Geodesia en una sola estructura administrativa.

Impacto para el sector inmobiliario rural

La consolidación de un sistema registral centralizado representa un avance significativo para las operaciones inmobiliarias en Paraguay. Esta integración facilita transacciones de compraventa de tierras, constitución de garantías hipotecarias, acceso a financiamiento agrícola y resolución de conflictos sobre derechos de propiedad.

Para los inversores y productores, esta modernización administrativa genera mayor previsibilidad y confianza jurídica en las operaciones. La simplificación de trámites reduce tiempos de espera y costos administrativos, elementos clave para dinamizar el mercado de tierras.

Resultados operacionales iniciales

Durante sus primeros cinco meses de funcionamiento, el RUN procesó más de 212.000 documentaciones relacionadas con inmuebles. La institución logró resolver aproximadamente el 82 por ciento de los expedientes recibidos, demostrando capacidad operativa en la gestión de trámites registrales.

La coordinación entre ambas instituciones apunta a crear mecanismos de cooperación que respondan de manera más eficiente a las necesidades específicas del sector rural. Esta articulación contribuye a fortalecer la protección de derechos de propiedad y generar un entorno más favorable para inversiones agropecuarias en Paraguay.

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