Un caso de envergadura sacude al sector agrícola en la región de Alto Paraná. Dos productores enfrentan imputaciones por la sustracción de una importante cantidad de soja de propiedades rurales ajenas, en lo que constituye un delito que afecta directamente la seguridad patrimonial de los productores locales.
Los imputados son el propietario de una empresa agrícola ganadera y un directivo de una cooperativa de producción agroindustrial. Ambos fueron formalizados por los presuntos delitos de hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y coacción grave.
Hechos que originaron la causa
Un productor agrícola radicado en Minga Porã presentó denuncia formal tras constatar que personas no autorizadas ingresaron a sus propiedades rurales ubicadas en las colonias San Roque y Tamburi, con una extensión total de 122 hectáreas. El ingreso no consentido ocurrió el 27 de febrero, cuando personal de la empresa procesada utilizó maquinaria agrícola pesada para cosechar y retirar la producción de soja.
Según la investigación fiscal, se sustrajeron aproximadamente 452 mil kilos de soja, generando un perjuicio patrimonial estimado en 150.000 dólares estadounidenses. El operativo incluyó el uso de tractores, cosechadoras y camiones para trasladar la producción a destino desconocido.
Circunstancias agravantes
Lo que agrava aún más la situación es que cuando el propietario afectado se presentó en el lugar para detener los trabajos, encontró un grupo numeroso de personas que resguardaban las tareas de cosecha. Algunos de estos individuos portaban armas, lo que obligó al dueño de la propiedad a permitir la continuidad de la sustracción bajo coacción.
El segundo imputado, directivo de la cooperativa, habría participado en las labores posteriores de preparación del terreno y siembra de nuevos cultivos, buscando aparentemente borrar evidencias del delito.
Medidas cautelares solicitadas
La fiscalía ha requerido la aplicación de medidas cautelares personales contra los imputados, incluyendo la suspensión de la prisión preventiva bajo reglas de conducta específicas. La imputación se sustenta en documentación sobre la titularidad de los inmuebles, registros audiovisuales, actas fiscales, informes policiales y testimonios de terceros.
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