El sector de la construcción mantiene expectativas sobre el avance regulatorio del sistema de factoraje, una herramienta financiera diseñada para mitigar la crítica situación de las empresas contratistas afectadas por la significativa deuda acumulada por el Estado paraguayo en obras públicas.
Representantes gremiales señalan que, a pesar de desembolsos realizados recientemente por el Gobierno, las obligaciones pendientes continúan impactando negativamente en la operatividad de las firmas del rubro vial. Según informaron desde la dirigencia sectorial, los pagos efectuados en los últimos meses apenas cubren compromisos corrientes derivados de certificados de obras emitidos recientemente, sin generar un alivio sustancial sobre la deuda acumulada históricamente.
Los datos del sector revelan que mensualmente se generan certificados por valores que fluctúan entre USD 50 millones y USD 60 millones. Esta realidad implica que gran parte de los recursos anunciados por el Ejecutivo se absorben en obligaciones recientes, sin reducir significativamente el pasivo histórico.
Dimensión de la deuda
La deuda reclamada por constructoras alcanza aproximadamente USD 350 millones, cifra a la que se suman intereses acumulados por atrasos en los pagos, estimados en cerca de USD 110 millones. Ante esta situación, varias compañías continúan accediendo a créditos bancarios para mantener el ritmo de ejecución de obras, honrar compromisos con proveedores y preservar la estabilidad laboral.
Expectativas del factoraje
Las empresas consideran fundamental la implementación del esquema de factoraje, mecanismo que permitiría a instituciones financieras adquirir certificados pendientes de cobro. El principal beneficio radica en que el costo financiero dejaría de recaer sobre las constructoras, trasladándose hacia la responsabilidad estatal.
Este tema forma parte de las mesas técnicas promovidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, con participación de entidades bancarias privadas, el Banco Central del Paraguay, la Abogacía del Tesoro y representantes jurídicos del sector privado. Las discusiones avanzan hacia la definición de los parámetros regulatorios que permitan operativizar esta alternativa de financiamiento.
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