Factoraje para constructoras: alivio temporal sin solución estructural

Representantes del sector privado paraguayo han expresado su posición respecto al sistema de factoraje que el Gobierno impulsa como mecanismo para aliviar la crisis de liquidez que afecta a las constructoras. Aunque reconocen el potencial del instrumento, advierten que se trata de una medida paliativa que no aborda las causas estructurales del problema.

Según informó Raúl Mena, la reglamentación del factoraje será determinante para su implementación efectiva. Las autoridades trabajan en reuniones técnicas entre asesores jurídicos de la Abogacía del Tesoro, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay. El Gobierno prevé presentar una propuesta definitiva en las próximas semanas.

La deuda estatal con constructoras alcanza aproximadamente US$ 350 millones, aunque podría ser superior. Si bien el Gobierno ejecuta desembolsos conforme a un calendario establecido, el sector observó cierto cumplimiento en abril y mayo, generando expectativas limitadas.

Impacto en el flujo de caja

Javier Giammarinaro señaló que el factoraje puede representar una alternativa concreta para certificados de obra ejecutados y aprobados. Las constructoras mantienen estructuras operativas pesadas que incluyen personal técnico, equipos, subcontratos y compromisos financieros que persisten independientemente de los plazos de cobro.

Si el sistema funciona correctamente, permitiría transformar certificados en liquidez inmediata, reduciendo la presión financiera y sosteniendo el ritmo de ejecución de obras. Sin embargo, advirtió que el financiamiento no debe convertirse en herramienta permanente para encubrir fallas estructurales en el sistema de pagos estatal.

Limitaciones del mecanismo

Mena enfatizó que el factoraje no solucionará el problema de fondo. Constituirá un paliativo temporal, pero el Estado debe revisar su política fiscal y planificar con mayor precisión para evitar nuevas acumulaciones de deuda.

Un aspecto crítico será definir si el tope fiscal del 1,5% del PIB se mantiene o se ajusta, decisión que determinará la viabilidad del mecanismo. Además, la reglamentación deberá establecer cómo se absorberán los intereses generados por los certificados impagos, asegurando que bancos o financieras compren la deuda sin trasladar costos adicionales a las empresas.

El sector también advierte que la situación afecta a múltiples rubros más allá de la construcción. La deuda estatal involucra a proveedoras de programas sociales y farmacéuticas, superando los US$ 1.000 millones en total. Esta perspectiva amplía la urgencia de implementar políticas fiscales más rigurosas y sostenibles en el mediano plazo.