Fiscalía investiga operaciones inmobiliarias en caso de lavado de activos

El Laboratorio Forense del Ministerio Público inició el análisis de 26 dispositivos electrónicos incautados durante operativos judiciales en diciembre de 2024. Estos equipos incluyen teléfonos celulares, computadoras y unidades de almacenamiento que servirán para investigar supuestas operaciones de lavado de activos.

Los aparatos pertenecen a cuatro personas vinculadas a la investigación: un exfuncionario político, su pareja y dos empresarios paraguayos. Nueve dispositivos fueron recuperados en un domicilio ubicado en Asunción, mientras que los restantes 17 provienen de procedimientos ejecutados contra los empresarios locales.

Operaciones inmobiliarias bajo análisis

Las fiscales encargadas del caso buscan acceder a comunicaciones y datos que permitan establecer conexiones entre los investigados y reconstruir transacciones relacionadas con la adquisición de seis departamentos y sus cocheras en un edificio residencial de Asunción.

La investigación también se enfoca en una empresa local cuyos propietarios son dos de los empresarios investigados. Según la hipótesis fiscal, esta firma habría funcionado como canal para movilizar fondos de origen cuestionable, posteriormente incorporándolos al sistema económico formal a través de operaciones inmobiliarias.

Proceso judicial en curso

El procedimiento de extracción y análisis de datos se extenderá varias semanas debido al volumen considerable de información que requiere procesamiento. La defensa cuestionó inicialmente la medida, argumentando que constituía una pericia encubierta, pero el tribunal especializado en delitos económicos confirmó la autorización y estableció la diferencia entre extracción de datos y perícia informática convencional.

Este caso refleja la creciente preocupación de las autoridades judiciales paraguayas respecto a operaciones inmobiliarias vinculadas a posible lavado de activos. Las transacciones de bienes raíces continúan siendo un mecanismo identificado para la introducción de fondos de origen ilícito en la economía formal, lo que ha llevado a intensificar controles y investigaciones en el sector.