Senado investiga fraude de pagarés que afecta sector inmobiliario en Alto Paraná

Una comisión especial del Senado llevó a cabo una audiencia pública en Ciudad del Este para investigar denuncias sobre irregularidades en procesos de ejecución de deudas que impactan directamente en el sector inmobiliario y financiero de Alto Paraná.

El evento, realizado en la Casa de la Cultura, contó con la participación de más de cien personas que expusieron testimonios sobre supuestos esquemas de embargos irregulares. Según los datos presentados, los montos involucrados superarían los 200 millones de dólares, generando un impacto significativo en la economía regional y en la confianza del mercado de créditos.

Denuncias sobre pagarés irregulares

Las denuncias se centran en juicios ejecutivos vinculados a una entidad financiera extranjera que presuntamente no cuenta con registro legal en Paraguay. Los afectados señalaron que los pagarés utilizados en estos procesos corresponderían a obligaciones ya canceladas, lo que sugiere posibles manipulaciones documentales que comprometerían la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y crediticias.

Docentes, profesionales de la salud y funcionarios público denunciaron descuentos administrativos aplicados a través de mecanismos judiciales cuestionables, muchos de ellos tramitados en Asunción. Los afectados también reportaron dificultades para acceder a documentación de sus causas, lo que obstaculiza la defensa de sus derechos.

Acciones institucionales

La comisión parlamentaria anunció que acompañará la presentación de una denuncia penal colectiva y promoverá la revisión de expedientes judiciales relacionados. Se remitirán antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Se conformó una mesa de trabajo integrada por representantes de víctimas, asesores jurídicos municipales y técnicos de la comisión para coordinar acciones legales y dar seguimiento a las denuncias. Esta iniciativa busca fortalecer la confianza en el sistema de créditos y proteger los derechos de propietarios e inversores inmobiliarios en la región.