La industria de la construcción en Paraguay atraviesa una situación financiera crítica que pone en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo. Las obligaciones del Estado con las empresas del sector alcanzan aproximadamente US$ 350 millones, considerando capital e intereses acumulados, generando una presión sin precedentes sobre las contratistas locales.
Según declaraciones de líderes del sector, los atrasos en los desembolsos estatales se han agravado en los últimos meses. Aunque hubo una mejora relativa durante parte del año, la situación volvió a deteriorarse significativamente, con deudas que rondan los US$ 200 millones sin considerar intereses y otros compromisos pendientes.
Acceso al crédito limitado
Las constructoras enfrentan un obstáculo adicional: la imposibilidad de acceder a financiamiento bancario. Las instituciones financieras consideran al sector como de alto riesgo debido a su dependencia de pagos estatales, generando un círculo vicioso que afecta tanto a las empresas como a sus proveedores.
Obras paralizadas y compromisos incumplidos
La falta de liquidez ha derivado en paralizaciones de obras en distintos puntos del país. Las constructoras no pueden cubrir gastos operativos básicos como la adquisición de materiales de construcción, combustible y salarios de proveedores. Se prevé que más proyectos se detengan hacia finales del mes debido a la imposibilidad de mantener operaciones.
Trámites administrativos pendientes
A los problemas de deuda se suma un importante volumen de expedientes en trámite en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Según datos del sector, existen aproximadamente 176 procesos administrativos pendientes de resolución, involucrando a 83 empresas y consorcios. Estos expedientes representan un valor aproximado de US$ 121,7 millones, distribuidos entre convenios modificatorios y reajustes de precios.
La demora en la resolución de estos trámites prolonga la incertidumbre financiera y complica aún más la situación de las empresas contratistas. Cada pago postergado impacta directamente en la capacidad de las constructoras para mantener sus operaciones y cumplir con sus obligaciones laborales.



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