La industria constructora paraguaya mantiene la expectativa en torno a la reglamentación del factoraje, un instrumento financiero que podría aliviar significativamente la presión de pagos pendientes que el Estado mantiene con empresas contratistas del país.
Desde los gremios del sector advierten que, a pesar de los desembolsos realizados por el Ejecutivo en los últimos meses, la mora acumulada continúa siendo considerable y afecta directamente la liquidez de las firmas constructoras. Según datos del sector, el flujo mensual de certificados de obras oscila entre USD 50 millones y USD 60 millones, lo que significa que gran parte de los recursos anunciados se absorbe en nuevos compromisos antes que en la reducción de la deuda histórica.
Magnitud de la deuda pendiente
Las empresas constructoras mantienen reclamos por aproximadamente USD 350 millones en pagos pendientes. A esta cifra se suman intereses generados por los retrasos en los pagos, estimados en unos USD 110 millones adicionales. Esta situación obliga a muchas firmas a financiarse con créditos privados para continuar con sus obras, cumplir compromisos con proveedores y mantener sus nóminas de empleo.
¿Cómo funcionaría el factoraje?
El mecanismo propuesto permitiría que bancos y entidades financieras adquieran certificados de obras pendientes de cobro. La diferencia fundamental es que los costos financieros no recaerían sobre las constructoras, sino que serían asumidos directamente por el Estado.
Las negociaciones técnicas actualmente lideradas por el Ministerio de Economía y Finanzas incluyen a representantes de la banca privada, el Banco Central del Paraguay, la Abogacía del Tesoro y asesores jurídicos de los gremios empresariales. Estos espacios han permitido discutir los detalles operativos y las responsabilidades fiscales del instrumento.
Una solución parcial
Sin embargo, desde los gremios aclaran que el factoraje será una herramienta de alivio temporal y no una solución definitiva al problema estructural de financiamiento público en obras. El límite fiscal del 1,5% del producto interno bruto restringe fuertemente la capacidad de inversión estatal, especialmente en proyectos de infraestructura que requieren desembolsos significativos.
El sector espera que la reglamentación se complete en los próximos meses para comenzar a implementar este mecanismo y recuperar parte de los flujos de caja comprometidos.
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